SOLAS

Dos mujeres, Marta, de 78 años, y su hija María del Mar, de 52 y discapacitada, fueron halladas muertas el pasado 9 de noviembre por causas naturales, día en que la policía entró en su domicilio.

Debido a la enfermedad de la hija, ambas habían llevado un largo recorrido por diversos centros y hospitales de la provincia de León, que se prolongó durante todo el verano, hasta que en el mes de octubre, María del Mar ingresó en el centro Altollano, donde los responsables se percataron que a causa de las circunstancias personales de la madre, que padecía depresión, ésta no podía atender debidamente a su hija y ella misma debía ser tratada convenientemente. Sin embargo, cuando el 23 de octubre se le dio el alta a María del Mar y el hospital remitió al juzgado un informe de la situación, nada se hizo por aliviar y remediar el caso.

Por un lado, los servicios sociales tienen la facultad para evaluar y determinar las necesidades de este tipo de enfermos, adoptando las medidas necesarias que se remitirán al juez mediante informe y que éste deberá valorar. Pero nada de esto se llevó a cabo. Y por otra parte, los familiares cercanos se incomodaban ante unos hechos que no sabían afrontar y se les escapaban de las manos. A Marta, la madre, le horrorizaba la idea de separarse de su hija, y la familia nunca se decidió a llevar adelante una petición de incapacidad. Y así, de forma casi deliberada se fueron acumulando una serie de hechos que pusieron en grave riesgo el bienestar y la vida de ambas mujeres, con el resultado final de su fallecimiento. ¿Por qué el estado no actuó correctamente mediante sus servicios sociales, activando un protocolo que salvaguardara la seguridad de Marta y María del Mar? La excusa es que la madre se negaba en redondo a recibir cualquier tipo de ayuda, pero en estos casos extremos esto no es ningún juicio para desamparar a seres humanos.

La historia de estas dos mujeres pronto pasará al olvido, será un dato más en los archivos burocráticos de los que ellas mismas fueron víctimas, perjudicadas por la ineficacia de unos servicios públicos que ahora declinan responsabilidades, unas competencias que ni siquiera los propios familiares son capaces de reclamar.

En España todavía estamos en pañales ante este tipo de situaciones, y debemos concienciarnos de que se trata de un derecho ciudadano, y como tal cuando no se cumple, es totalmente lícito exigir las responsabilidades oportunas.

Amparo.