Una nueva zancadilla para la sociedad con menos recursos.
Los gobernantes parecen elegir
los momentos más apropiados como si con pinzas de cirujano trabajaran. Y ahora,
cuando más paro existe y el hundimiento económico es más evidente, el ministro
de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, propone una subida de las tasas judiciales
que convierte en casi misión imposible el derecho de los más desfavorecidos
económicamente a una segura tutela judicial, tal como se reconoce en el artículo
24 de la Constitución.
Con esta medida, Gallardón dejará
sin el beneficio de un abogado de oficio a todos los mileuristas de España, o
unidades familiares que superen en dos veces y media el IPREM. Un proyecto de
ley sólo apoyado por el PP en esta disputa establecida entre un partido
político y la sociedad, que penaliza a los más pobres e impide el lícito acceso
de los trabajadores a la justicia.
Gallardón parece querer dar una
lección llena de cinismo a los españoles al tomar esta postura, ya que afirma
que la sociedad española es muy litigante y nos mueve el interés por demorar
los procesos, con el consiguiente costo que este hecho genera. Y todo esto
porque parece ser somos una nación derrochadora en necesidades legales, y según
argumenta, la justicia “nos sale muy barata”.
Una brecha más en la desigualdad
social, leyes injustas para el trabajador que solo favorecen a los más ricos, y
que demuestran de nuevo el afán recaudatorio del Gobierno con total menosprecio
a los ciudadanos con menos ingresos.
Amparo.
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